LEYES E INMIGRACIÓN.

La Constitución Española de 1978 es el documento de mayor relevancia de la legislación española. Así pues, después de un largo proceso de debate entre los diferentes grupos políticos se implantó como un icono que supuso los cimientos jurídicos precisos para edificar una sociedad, la española, en vías de desarrollo.
La sociedad se ha ido transformando desde entonces y muchos de los artículos, capítulos y títulos se han ido quedando obsoletos en relación a la mutación social y económica sufrida paulatinamente. Es así, por lo tanto que la sociedad española ya en pleno desarrollo, cada vez más, se acerca a la octogenaria a causa de una clase media predominante, avances y mejoras en los diferentes ámbitos sobre todo en el sanitario junto con una perspectiva de los juvenil muy distanciada del baby boom de los años de represión. A la par se han tomado medidas “populistas” desde el Estado para solucionarlo pero sin ver, a ojo de buen cubero, realmente el subterfugio más acorde a los nuevos tiempos y recursos surgidos a raíz de la transformación social. Entretanto, es preciso hacer especial hincapié en un fenómeno de naturaleza socio-económica como es el de la inmigración. Personas de países subdesarrollados que abandonan sus hogares, sus tierras, sus gentes para partir a un “mundo mejor” arriesgando sus vidas en fatigosas travesías y para más desastre, la leyes españolas en tal materia solamente atienden al fenómeno globalizador en pro de sus intereses económicos quedando éstos en el desamparo. Y ya no hablemos de documentos europeos como Directiva del Consejo de 25 de julio de 1977 relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes, que sólo defiende los migrantes europeos y discrimina el resto o peor aún, a nivel autonómico El Pacto Social por la Educación en Canarias (año 2000) que en el proyecto sobre La compensación educativa de las desigualdades en el apartado c, dice: Atención a la multiculturalidad con programas de integración y de enriquecimiento cultural de la población inmigrante, postura totalmente etnocéntrica además de obviar la interculturalidad.
La diversidad, la tolerancia e interculturalidad y multiculturalidad no consiguen cobrar la fuerza suficiente para ser entendidas desde connotaciones sociales positivas a menos que se trate de europeos ya que son considerados por su estatus socioeconómico más productivos. De esta manera lo corrobora la Constitución en cuanto hace reformas para facilitar la integración de los europeos; impulsados por sus ansias de alcanzar el nivel económico del “viejo continente”. De igual manera, es imposible que fluya libremente la multiculturalidad a razón del artículo 16 y 27.3 que abogan, en primer lugar, por sostener relaciones de cooperación con la iglesia católica definiendo un Estado aconfesional y no en cambio laico, y continuando, con la defensa de impartir religión en la escuelas. Claro está, que los progenitores son los tutores y responsables de la educación moral de sus hijos pero lo que no se corresponde con que sea formalizado en el ámbito público sino, en cualquier caso, en el privado. Cada cosa debe estar en su lugar. Además, sendos artículos frenan inexorablemente la integración social de las diferentes etnias y culturas. Con ello no se quiere expresar que tengan que cambiar sus prácticas culturales de origen por las de destino, sino que cada uno tenga sus espacios de armonía para desarrollar libremente sus prácticas culturales sin que se estimulen actitudes etnocentristas.
A todo esto, la esferas del poder económicas españolas quieren aproximarse a Europa sin tener en cuenta el aspecto social y más humano del asunto. Observen Londres, capital de Inglaterra en cuanto encontramos infinitas culturas conviviendo de forma natural y melódica en un mismo territorio. Encontramos africanos conduciendo guaguas, rabinos taxis, pakistaníes y cubanos administrando restaurantes y tiendas, hindúes regentando hoteles,…y sin ningún tipo de polémicas. La educación tiene un papel importante en temática de inmigración, pues debe centrarse menos en educar para el sistema productivo y mucho más, en cultivar valores como la tolerancia, solidaridad, multiculturalidad e interculturalidad con el fin de formar buen@s ciudadan@s para crear una verdadera Revolución Humana. Y ello tiene que estar coadyuvado por las reformas legislativas que deben de hacer los partidos políticos empezando por una Constitución Española de 1978 más inclusiva para así, poder abogar por un país más justo y humano y a la vez, solucionar problemas como la natalidad.