CENTROS REFORMATORIOS

Tratemos de analizar un hecho concreto: Muchos de los menores que delinquen y pasan por primera vez por un centro reformatorio, acaban dando de nuevo con sus huesos en centros de este tipo; y si vamos más allá, muchos de ellos acabarán formando parte de la futura población reclusa del país. Atendiendo a estas cuestiones, a los educadores se nos antoja inevitable preguntarnos acerca de varias cosas. Por ejemplo sobre cuál es la naturaleza de este tipo de centros y hacia dónde está orientada su labor.
Bien, llamemos pues a las cosas por su nombre. Centros reformatorios. El nombre ya nos engaña; la propia forma de designar a estas instituciones ya indica que están pensados para reformar a personas (menores, no lo olvidemos), es decir, cambiarlas, reorientarlas, reeducarlas… Si observamos los resultados antes nombrados (notable nivel de reincidentes y presos potenciales entre los usuarios de estas instituciones) caemos en la cuenta de que algo no va bien. Y que decir si investigamos y nos encontramos con que la realidad interna de estos correccionales, es más propia de un centro penitenciario, que de centros donde se trata de educar menores (que es lo que realmente deberían ser). No nos queda otra que preguntarnos si lo que tratamos de analizar son centros educativos, o si realmente son cárceles para menores. A partir de esta disyuntiva se definiría nuestra forma de concebir toda la intervención educativa que, como educadores, pretenderíamos hacer valer dentro de cualquier centro de este tipo. Si pretendemos reformar, deberemos hacer de estos centros, centros educativos. Si por el contrario nos centráramos en el simple mandato de castigar el incumplimiento de una norma, obviando todo planteamiento que hiciese hincapié en el cambio de conducta, deberemos hacer de estos centros, centros penales para jóvenes. ¿Cuál de los polos de esta antinomia ofrece más posibilidades? Si os hace falta tiempo para contestar a la pregunta, mal vamos.
Los reformatorios españoles son fábricas de hacer delincuentes. Se les envía para su reforma, y resulta que salen aún más deformados de lo que entraron. No se les educa pues, simplemente se les institucionaliza bajo regímenes en ocasiones muy estrictos y restrictivos. Los criterios que rigen la organización de estos centros, basados como decimos en procedimientos represivos, sumados a los problemas de masificación y a la falta de personal cualificado (Educadores versus funcionarios con esposas y porra), tienen como resultado un menoscabo más pronunciado de la, ya de por si precaria, situación de este ámbito. Pedagogos, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales son los perfiles profesionales más aptos para este tipo de actividad. Deberíamos sentirnos en este aspecto, los llamados a retomar esta situación y reconvertirla en lo que realmente debe ser. Lo que hoy existe no es más que la sombra de lo que realmente es, y sin duda hacia esa idea es hacia donde debemos caminar.
La vía de cambio viene facilitada por la Ley. Gracias a la modificación de la normativa de protección jurídica y responsabilidad penal de los menores, se han conseguido algunos cambios. Cambios que han afectado a las posibilidades de defensa jurídica de los menores (se ha logrado una mejora en la correcta temporización de las penas), y a la organización de los centros, referida principalmente a la cualificación del personal requerido en los centros. Volveríamos aquí a la disyuntiva anterior: Barrotes y porras versus Diálogo y práctica de la libertad, o lo que es lo mismo, Educación versus control represivo. Educadores versus Carceleros. La cuestión es si estamos o no convencidos de que un grupo de personas, bien cualificadas, buenos humanistas, dispuestos y pacientes, pueden llevar a estos centros a realizar la labor para la que realmente deberían existir, es decir, para re-socializar, re-educar o re-orientar a jóvenes que están perdidos en un mundo que no les da muchas facilidades.
Ya nos hemos preguntado por la naturaleza de los centros, preguntémonos ahora por la naturaleza del conflicto. Dejemos a un lado la responsabilidad de los que delinquen para interesarnos por las causas que lo llevan a delinquir y seguramente, daremos con los factores que determinan la inadaptación de estos individuos. Varios son los enfoques desde los que tradicionalmente se han venido analizando las causas de la inadaptación. Tenemos los Biologicistas, que encuentran en la herencia biológica, en la patología cerebral y hormonal, las causas únicas de la inadaptación y la conducta anormal. Tenemos también los innatistas o preformistas, que creen que ya existe en el nacido una organización biopsíquica que posteriormente se va desarrollando. Los psicologicistas, para los que los desequilibrios afectivos, deficiencias de inteligencia y demás factores que solo atañen a causas psíquicas son las únicas causas de la conducta desarreglada. Y por último se encuentran los sociologistas, que encuentran los factores de la inadaptación en la marginalidad social y las condiciones socioeconómicas de la propia sociedad. Sin caer en posiciones cerradas y extremistas, se debe atender a cada una de las consideraciones que hace cada perspectiva, pues pueden hallarse respuestas en cada una de ellas. No obstante, existe una que sobresale de las demás, y es la que analiza esta problemática social desde la base de sus estructuras. Ubicados en esta perspectiva encontramos causas remotas, factores que actúan de reguladores del resto y que son, por decirlo de alguna manera, los padres de la criatura. Una sociedad que basa su existencia en la injusta distribución de la renta, la cultura, la educación… una sociedad que crea desde un primer momento unas desigualdades de orden socioeconómico que originan a su vez numerosos problemas. Los factores remotos segregan las causas próximas, por ejemplo, las zonas periféricas apartadas, el paro, la falta de escolaridad, el chabolismo… Y finalmente como subproducto de estas causas surgen las inmediatas, que vendrían a ser (o lo que se consideraría en principio) los síntomas o efectos de la propia inadaptación: Factores psicológicos y clínicos.
Ante todas estas causas se pueden plantear posibles soluciones o alternativas. A largo plazo cabría reseñar la necesidad de transformar el actual sistema socio-económico hacia posiciones que permitiesen dar viabilidad a la socialización de las estructuras productivas, a democratizar totalmente la vida ciudadana o a distribuir de manera más justa la renta nacional. Cambios estos, que afectasen a la sociedad en su conjunto y pudiese de alguna forma curar el problema de raíz, pues desde esta perspectiva, la transformación de la base social constituiría la base real del cambio. A esta transformación social le seguirían otras más específicas tales como la gratuidad total de la sanidad, especialmente (en un guiño a las posiciones psicologicistas) de una sanidad psicológica y psiquiátrica que pudiese diagnosticar problemas a tiempo para ahorrarnos futuros trastornos conductuales; reformas en los sistemas de tutela de menores y en todo lo referente a los servicios sociales, reformas que a este nivel pudieran agilizar y organizar de forma más eficaz las adopciones y recogidas de menores. A todo esto podríamos sumar la propia reforma de la organización de los centros correccionales a los que nos estamos refiriendo continuamente. Esto último se reviste como necesidad para con nuestro objetivo. La mejora de la respuesta en los correccionales.
Vayamos ahora al interior de estos centros, vayamos a observar QUÉ se hace, o mejor, QUÉ deberíamos hacer. A la hora de comenzar a trabajar se hace necesario tener claras nuestras aspiraciones, los objetivos que nos proponemos, desde dónde se pretender enfocar la intervención. A partir de estos y otros elementos emergentes se va confeccionando un marco teórico desde el cual, el equipo educativo se siente participe y desde el que se confía llegar a lo propuesto. Todo este cuerpo de conocimientos se va configurando al abrigo de un deseo que prevalece sobre los demás, el deseo de ayudar y de crear una sociedad más justa. Sociedad en la que este grupo de jóvenes no tiene cabida. La conflictividad de este colectivo tiene su raíz en la situación social y afectiva que han vivido y es por todo ello por lo que el trabajar con ellos sea lo fundamental dentro de estos centros, siempre bajo un plan de acción concreto que ayude a guiar la práctica educativa.

Javier Guerra Juiz (Estudiante de La Facultad de Pedagogía de La Universidad de Salamanca)